Aunque Costa Rica no ha sufrido crisis económicas desde principios de los años ochenta, presenta elementos institucionales y estructurales que han sido señalados en la literatura internacional como desencadenantes o como áreas de gran vulnerabilidad ante los efectos de crisis. Entre ellos destacan: el régimen de fijación vigente desde hace dos décadas bajo la modalidad de minidevaluaciones, el importante grado de apertura comercial, la creciente integración financiera, la frágil situación de las finanzas del sector público y los riesgos para el sector financiero de un alto nivel de dolarización. El objetivo de esta investigación fue identificar las principales áreas de vulnerabilidad de la economía costarricense y proponer, con esa base, un instrumento de detección anticipada de crisis cambiarias. El estudio se centró en la prevención de ese tipo particular de crisis por la dificultad práctica de elaborar un sistema que contemple toda la diversidad de elementos que podrían desencadenar o agravar una crisis económica y en la premisa de que, bajo un régimen de tipo de cambio controlado, los efectos primarios de una crisis tienden a reflejarse de manera adversa precisamente en las reservas, la tasa de interés o el tipo de cambio, según sea el grado de compromiso del Banco Central con el régimen cambiario y el éxito de su respuesta de política. Esos cambios serían los detonantes de situaciones más complejas, cuya magnitud final dependería del grado de fragilidad de las áreas inicialmente más vulnerables, como podrían ser el sector público y el financiero, y de la difusión y retroalimentación de los efectos en la economía. El sistema de alerta de crisis desarrollado siguió la línea de los modelos de elección discreta. Debido a la no ocurrencia de situaciones de este tipo en las últimas dos décadas, se definió como “evento crítico” el surgimiento de presiones extraordinarias sobre el mercado cambiario reflejadas en caídas de reservas, aumentos de las tasas de interés o de la pauta de ajuste del tipo de cambio excesivos, con base en un Índice de Presión del Mercado Cambiario (IPMC). Mediante el empleo de un modelo probit se identificaron las variables que elevan la probabilidad de ocurrencia de un evento crítico, definido como una presión muy superior al promedio histórico, en un horizonte de doce meses. Los determinantes fueron: la razón M2/reservas internacionales netas, la apreciación cambiaria real, el precio del petróleo y el diferencial de tasas de interés con el exterior. Con base en esos resultados se concluye que debe vigilarse la evolución de los elementos detonantes de presiones cambiarias críticas, procurar disciplina monetaria y evitar rezagos en el ajuste cambiario. Sin embargo, también se estima importante tomar medidas de carácter más estructural e institucional, como son: combatir el desbalance financiero crónico del sector público de manera más integral y permanente, mejorar la supervisión bancaria y propiciar una mejor internalización y cobertura de los riesgos cambiarios, y evaluar la conveniencia de mantener el sistema monetario y cambiario vigente.